En
las reflexiones que realizamos los arquitectos sobre nuestra disciplina casi
nunca tienen cabida los temas relativos a la política. Nos resulta ajena y
hasta rechazamos cualquier intento de vincularnos con estas prácticas, nos
mantenemos lejanos y vemos de mal modo que algún colega exprese sus ideas en
este sentido o realice una tarea en esa línea pues nos parece que tiene otros
intereses ajenos a la práctica profesional.
Y sin
embargo resulta que los lugares donde se ubica nuestro trabajo son, en casi
todos los casos, espacios dentro de las ciudades de nuestro país, lo cual nos
pone en inmediata contradicción con lo anterior, pues la ciudad, cualquiera, es
el lugar de la política. Ahí se expresa esa práctica social cuyo objetivo
principal es la convivencia entre sus habitantes. De un modo u otro, con fines
claros o confusos, en beneficio de la comunidad o de un sector específico de la
misma, es la política la que permite elaborar las normas a las que se sujetan
quienes viven en la ciudad y aplicar por parte de la autoridad, con una visión
política también, dichos preceptos.
Aceptemos
entonces que dentro de estas normas tienen importancia sustancial las que
regulan la edificación: la lotificación permitida, la definición del uso del
suelo, la densidad de construcción que se admite, la altura de lo edificado y
muchas más. ¿Y quién elabora estas normas? ¿Quién las revisa y las modifica?
¿Quién ejerce la autoridad para que se cumplan? Los políticos que representan
teóricamente la voluntad de los votantes.
Pues
bien, acaba de llevarse a cabo el proceso para elegir a dichos políticos y cabe
entonces hacer algunas reflexiones al respecto. Primero hay que señalar que
estos procesos están regulados por leyes de carácter federal que tienen sus
debilidades, como toda ley. En seguida aceptar que el mismo proceso no estuvo
exento de descalificaciones, desde la conformación de cada partido, desde la
elección de quienes serían los candidatos de esos partidos, hasta la
pertinencia de un sistema de representación que parece haber llegado a su
obsolescencia por el ejercicio corrupto de sus atribuciones. Después, ya en la
campaña de promoción del voto, se produjo la violación constante de la
legislación sin ningún castigo a quien cometió estos actos. Y durante la misma
jornada electoral, una vez más, se dieron actos ilegales para inducir el voto por
uno u otro partido, que hasta la fecha no han sido sancionados. Y a pesar de
todo, hoy tenemos nuevos representantes populares y nuevas autoridades.
El
caso de la Ciudad de México, en este sentido es bastante particular. Se
eligieron, además de diputados federales, nuevos miembros de la Asamblea
Legislativa y nuevos jefes delegacionales que ejercerán sus funciones por tres
años y esto significa que teóricamente llevarán adelante los propósitos propios
de cada partido. ¿Qué tanto se conoció de estos propósitos? La respuesta que
parece obvia es que muy poco. Sin embargo, si se observan los resultados de la
votación se puede considerar que sí hubo una intención razonada en el voto. Se
sustituyeron miembros de unos partidos por otros considerando los resultados
que los anteriores tuvieron en su gestión. O bien se optó por una nueva oferta
que pareció más atractiva que lo que ya era conocido de otros procesos. Y en
este sentido, la presencia mayoritaria del partido Morena en la nueva
legislatura no deja de llamar la atención.
Se
puede estar o no de acuerdo con este resultado pero hay que admitir que refleja
una condición particular de los habitantes de la Ciudad de México: son los más
informados sobre estos temas y los que tienen el más alto índice educativo del
país. Así pues, su opción por una nueva formación partidaria puede obedecer a
una toma de conciencia que no sorprende si consideramos que desde 1997 ya la
ciudadanía de esta metrópolis había optado por un cambio radical de sus
autoridades, electas por primera vez en aquel año.
Este
resultado nos debe llevar a estar atentos para ver que tanto se cumple de las
expectativas generadas por esta opción, de qué manera se reduce la corrupción
que fue emblemática de los últimos gobiernos delegacionales y cómo se llevan
adelante las nuevas políticas públicas en cada espacio de gestión. Y por otra
parte, debemos hacer lo posible por participar de una manera más activa en la
vida política para estar presentes en la definición de lo que es más
conveniente para la ciudad en su conjunto, en función de las demandas de la
mayoría, en beneficio de los más pobres y en el camino de reducir la enorme
inequidad que se expresa en nuestra ciudad, por hoy, tremendamente segregada y
desigual.
Julio, 2015.
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