La
ciudad no sólo es el conjunto de construcciones que se reúnen para dar cabida a
los habitantes de un conglomerado social facilitando sus actividades, sino es
fundamentalmente el espacio que queda entre estas construcciones. Son las áreas
abiertas las que constituyen aquello que tradicionalmente se entiende por
ciudad, las cuales tienen un tratamiento particular que permite su uso
cotidiano: movilidad, recreación o trabajo. Estas actividades se practican de
manera colectiva e implican el intercambio entre los habitantes, grupos de
usuarios que se desplazan de un lado a otro, grupos de personas que descansan o
se divierten en los parques, en las calles o en las plazas, y grupos de
consumidores y vendedores o prestadores de servicios, los que ponen en juego sus
modos de usar los espacios públicos para dar sentido a la vida colectiva.
La
condición básica de todos estos espacios es su carácter público, la libertad
para ser utilizados sin ninguna restricción, para gozarse sin límites físicos o
temporales, sin condiciones salvo los usos que afecten a terceros. Es en el
intercambio que se establece entre los ciudadanos que se llega a un común
acuerdo para no afectar a los demás. Y sobre estas consideraciones, los
espacios públicos de la ciudad en su utilización no tienen precio, son, por
decir lo menos, gratuitos, dado que son propiedad de todos y de nadie.
Administrados por la autoridad elegida por los propios habitantes pero no
concedidos a esta autoridad para que ejerza sobre ellos ninguna soberanía al
margen de los ciudadanos.
Cabe precisar
que si son necesarias acciones sobre estos espacios estas deben ser puestas a
consideración de los habitantes. Diversos mecanismos han sido experimentados en
todo el mundo para llevar a cabo esta toma de opinión y cuando ha sido bien
llevado este proceso y se han tomado en cuenta sus conclusiones, el resultado
se muestra exitoso al momento de volver a tomar la opinión de los usuarios.
Todo ello bajo la consideración de que el espacio público es un bien público
que no puede enajenarse. No al menos bajo el régimen de propiedad que rige al
mundo occidental, derivado de las experiencias del llamado “derecho romano”.
Frente
a estas consideraciones resulta alarmante la información dada a conocer por el
Jefe de Gobierno del Distrito Federal: sí se cobrará por el uso de la “Vía
Express” dijo, pues es una obra financiada por particulares. Como se sabe, esta
vía es un camino elevado construido sobre una calle: el Anillo Periférico de la
Ciudad de México en su tramo sur poniente, y esto tiene varios significados que
es necesario analizar. Por una parte esta la utilidad que esto representa para
la ciudad y como puede verse en experiencias anteriores este tipo de vías no son
una solución a los problemas de movilidad de los ciudadanos pues la gran
mayoría no tiene automóvil y la manera en que el número de autos particulares
aumenta día con día en todas las ciudades del país, sólo se explica porque este
tipo de obras alientan su proliferación y disminuyen la capacidad financiera de
los gobiernos urbanos para invertir en el desarrollo de un transporte público
eficiente, cómodo y seguro que pueda ser utilizado por todas las capas
sociales, desalentando el uso del transporte privado.
Por
otra parte podemos visualizar el sentido de la inversión que se realiza y que
al ser de empresas privadas tiene consecuentemente fines de lucro. Se trata de
obtener una ganancia y como puede verse en los procesos de obra, también de
mantener una planta productiva en constante actividad. Es decir, la inversión
no solamente se ha hecho en el momento de realizar la construcción sino ya se ha
aplicado previamente en la implantación de plantas de fabricación de las piezas
prefabricadas y en la adquisición de materiales para estas elaborar estas
gigantescas piezas, en la compra de maquinaria para la perforación de los
cimientos y el montaje de las estructuras, en los medios específicos para el
transporte de las piezas y al final del proceso, en la contratación de personal,
especializado y no, para los trabajos de terminación de las obras. Y a toda
esta infraestructura tiene que sacársele la mayor ganancia posible. Por ello,
los ingenieros dueños de estas empresas ofrecen sus servicios a los gobiernos
de cualquier lugar, dentro y fuera del país y si no hay disposición de estos gobiernos
para comprar sus servicios entonces ofrecen invertir ellos, con la condición de
cobrar posteriormente por el uso de lo que han construido. Obtienen así una
doble ganancia: mantienen su planta productiva y recuperan lo invertido en mano
de obra, con mayores beneficios, porque, por supuesto, han pagado los salarios
más bajos existentes en el mercado laboral.
Pero
si ya esto es grave para los bolsillos de los habitantes de la ciudad y para el
sano desarrollo de los procesos de movilidad urbana es peor aun si se considera
el fondo mercantil de la decisión: se está poniendo en venta el espacio público
de la ciudad, al menos temporalmente. Estas vías corren sobre las calles
existentes y ni se pueden comprar, ni se ha pagado por ello, hasta donde sabemos.
En este mundo del Neoliberalismo global todo es mercancía y poco a poco alcanza
a ponerse en compra venta cualquier cosa, situación de la que no se salva hoy
el espacio público que como decimos: es de todos y de nadie. Y si una calle
vive esta situación no puede extrañarnos que también la voluntad de los
habitantes del país se haya puesto en el mercado dando como resultado un
elección presidencial ganada a base de votos comprados, cuyo resultado es
absolutamente ilegitimo e inaceptable. Ha llegado el momento de detener
completamente estos perversos procesos.
Septiembre,
2012
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