En las últimas décadas, la arquitectura institucional ha sufrido los embates de los sobre costos de construcción. Ello ha provocado la deslegitimación de los objetos arquitectónicos emblemáticos del Estado durante los dos últimos sexenios. Así mismo, se alude a la alternancia dada en el año 2000, cuando la mayoría de la sociedad pensó en un verdadero cambio en la estructura política de México, al dejar de gobernar el PRI que por más de 70 años se había identificado por su autoritarismo, corrupción y opacidad en los recursos públicos, solo por decir algunas de sus características.
El partido político del PAN, a cargo del poder ejecutivo federal desde el año 2000, trajo consigo una reforma relevante sobre el acceso a la información, no obstante, el logro fue parcial ya que solo algunos manejos de recursos están disponibles, y en otros tantos se sigue con las mismas prácticas priistas. Las formulas del pasado no necesariamente funcionan en el presente, durante años no nos enteramos cuanto costaron realmente una infinidad de edificios públicos; en la actualidad y con la instauración del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), podemos saber algo sobre las cifras finales del costo de construcción de algunas obras, y es correcto decir “algunas”, ya que el otro tanto queda en la oscuridad por los llamados fideicomisos, que según la ley se debe proteger la información de estos para su salvaguarda y operación; y no es difícil suponer que la mayoría de las obras públicas se cubren bajo ese parámetro fiduciario.
A todo esto ¿que sigue?, ¿quiénes son los afectados?, en primera instancia es la sociedad con el desvío de recursos de origen público, en la segunda es la arquitectura debido a la fuerte politización de los edificios respecto a su utilidad social y al excesivo gasto en la construcción. En ello radica una fuerte inclinación de la balanza sobre aquellos aspectos arquitectónicos, de los cuales, deberíamos evaluar de forma crítica, los avances y retrocesos en el diseño contemporáneo de edificios, en especial de los institucionales, pero ante tal problema no es para menos que pase a segundo lugar el tema arquitectónico y urbano.
A continuación enuncio tres obras públicas de gran relevancia, de los últimos seis años, y que gozan del título de obras dispendiosas para el erario público:
• La Biblioteca José Vasconcelos con un costo inicial de 934 millones pesos, y uno final de mil 300 millones pesos.
• La Estela de Luz que inicialmente fue presupuestada por 398 millones pesos, y finalmente se erogó un gasto de mil 110 millones de pesos.
• El Senado de la República con un costo presupuestado de mil 699 millones de pesos, pero al finalizar su construcción aumentó el costo a dos mil 563 millones.
A manera de conclusión, la arquitectura queda relegada ante el dispendio de recursos y en consecuencia la politización de su utilidad social; a su vez, la disciplina de la construcción en el área de costos y presupuestos, tiene una seria deficiencia e ineptitud en lo que llamamos “estimaciones”, las cuales deben ser aproximaciones reales al costo final de cualquier construcción. Para los tres casos mencionados, distan mucho de la aproximación y mejor dicho, son casos de exacerbación del poder y malversación de recursos públicos.
Julio, 2012
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